Los maestros de la República en Manresa.
Trayectorias, pedagogías y depuraciones
El proceso depurador en la zona republicana
El golpe de estado fascista de julio de 1936 significó el inicio de una guerra civil con un fuerte componente ideológico, en la que se discutían la organización de la sociedad, el papel de la religión y la “unidad nacional”. El estallido de violencia que se produjo en ambos bandos los primeros meses dio lugar a una persecución (y eliminación física en muchos casos) de las personas que se consideraban desafectas. Esta situación de violencia social en el contexto de la Guerra Civil provocó el intento de control ideológico de todo el cuerpo de funcionarios gubernamentales, tanto en la zona republicana como en la zona sublevada contra la República.
La Junta de Defensa Nacional del gobierno republicano publicó un decreto el día 22 de julio de 1936, en el que cesaba a los funcionarios de todo tipo y de cualquier ministerio que hubieran colaborado con el movimiento subversivo o que fueran enemigos declarados del régimen.
La depuración en la zona republicana fue consecuencia
del levantamiento armado del 19 de julio de 1936
Posteriormente, el Ministro de Instrucción Pública de la República, Jesús Hernández, promulgó un decreto, el día 15 de septiembre de 1936, en el que declaraba suspendidos todos los derechos de los funcionarios públicos, con la obligación de solicitar mediante una instancia la readmisión en los respectivos destinos y categorías. Según el artículo 5 de este decreto, el Ministro podía adoptar las siguientes medidas: declaración de reintegro al servicio activo (con pleno reconocimiento de los derechos), declaración de disponible gubernativo, jubilación forzosa decretada por el Ministro y separación definitiva del servicio. La importancia concedida a la enseñanza la hace patente el hecho de que, en febrero de 1937, se formó un Comité Depurador del Magisterio y sus decisiones se podían recurrir ante el Magistrado Juez de Revisiones del Ministerio de Instrucción Pública. Esta depuración del magisterio, instruida desde el Ministerio de Instrucción Pública republicano, tuvo unos efectos limitados y parece que afectó realmente a pocos maestros.
En Cataluña, la aplicación del proyecto de escuela única del CENU durante el período revolucionario, a partir de julio de 1936 supuso la depuración del magisterio más conservador y contrario a la obra republicana. El consejero de Cultura Ventura Gassol, en una orden que publicó el 13 de octubre de 1936, nombró, a propuesta del CENU, a los maestros que podían ejercer en Cataluña. Los que no salían en la lista habían sufrido la depuración política.
El resultado de esta depuración fue que la mayoría del personal continuó en los cargos que ocupaba anteriormente; otra parte fue jubilada con todo tipo de notas favorables; algunos fueron trasladados y a otros les fue concedida la excedencia a disposición de la Consejería de Cultura. Los destituidos fueron una mínima parte; exclusivamente aquellos que habían tomado parte activa en las campañas contra el régimen republicano y autonómico o habían dificultado la actuación de los centros docentes que desde antes del 19 de julio habían recogido el espíritu republicano. En el caso de Manresa, por ejemplo, ningún maestro público perdió su puesto de trabajo.